TURNO DE OFICIO DIGNO CATALUÑA: DESESTIMACIÓN DE LA MOCIÓN DE CENSURA: VULNERACIÓN DEL DERECHO DE REUNIÓN Y PARTICIPACIÓN

jueves, 14 de mayo de 2009

DESESTIMACIÓN DE LA MOCIÓN DE CENSURA: VULNERACIÓN DEL DERECHO DE REUNIÓN Y PARTICIPACIÓN

El pasado Viernes se notifico a la presidenta de ALTODO CATALUÑA, la desestimación de la convocatoría de Junta Extraordianaria al objeto de debatir una moción censura a la Decana Silvia Gimenez Salinas y su Junta de Gobierno. La farragosa resolución de la Junta de Gobierno, la desestima porque a pesar de dar vueltas para concluir lo evidente, por aplicación de los estatutos en vigor el día de la presentación del escrito, los de 1984, el número de firmas presentadas es más que correcto, no obstante según la Junta de Gobierno, existe un vacio legal, y no esta previsto en los estatutos el cese de La Decana Y la Junta de Gobierno, motivo por el que deciden no convocar la Junta Extraordinaria, a pesar de que el número de firmas es más que suficiente y de que la censura extraordinaria, es competencia de la Asamblea General Extraordinaria y no de la Junta de Gobierno.

Por ello, entendiendo que este acto no es más que una vulneración del derecho de reunión ya que tenemos derecho a que se convoque, y del derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos, en el plazo de 48 horas, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo, contra dicha resolución, es por ello que habrá de celebrarse dentro de poco la correspondiente Vísta en relación a la vulneración del derecho de reunión.

Ante esta violación de los derechos fundamentales, no cabe más que esperar que no sigaís el camino de las vacas sagradas, que no va con nosotros, y que se censure a la Junta de Gobierno y a la Decana en las urnas, en el mes de Junio y por supuesto sin que ello sea un beneficio para el gran despacho que quiere imponer sus intereses a los de los abogados independientes.

¿Cuanto tienen que ocultar que no nos pueden convocar?, ¿Será que no quieren expliar que los compañeros de Granollers cobra el 100% mientras Girona y Barcelona cobra el 50%? ¿No será que no quieren contar que Girona ya se ha modificado el reglamento del To y se ha impuesto la formación continuada obligatoria de pago para el abogado?, si quieres información transparente subete al carro de ALTODO, porque para nosotros tu si cuentas!.

Vanessa González Fornas

Presidenta ALTODO CATALUÑA

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NUEVO CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA ABOGACIA CATALANA

Como habréis podido leer en el apartado de noticias destacadas, el CICAC presentó en las Jornadas de Montbrió del Camp el nuevo código deontológico de la abogacía catalana. Por ahora ni el ICAB ni el CICAC han facilitado a sus colegiados el texto del proyecto, no obstante diversos medios de comunicación han tenido informado al respecto, por lo que sabemos que se establece formación continuada y sujeta a revisión para todos los colegiados, para equipararnos a otros países de la UE, como Polonia por ejemplo donde para seguir ejerciendo la abogacía hay que pasar cada año un examen; también se establece la obligatoriedad de tener formación específica que garantice el conocimiento y uso adecuado de la Lengua Catalana por parte de los colegiados entre otras cosas. Dada la relevancia de esta norma elaborada por el CICAC a espaldas de todos sus colegiados, este apartado pretende ser una compilación de noticias e información sobre esta norma que a todos nos incumbe.

NOTICIAS DESTACADAS

Los colegios de abogados debaten un nuevo código deontológico y proponen mejoras en el turno de oficio

Els Col·legis d’Advocats Catalans debaten un nou codi deontològic de la professió i proposen millores per la justícia gratuïta per prestar un millor servei al ciutadà más información

Els advocats debaten un nou codi deontològic La abogacía catalana impulsa un Código Deontológico para la profesión La abogacía catalana se regirá por su propia deontología

SOBRE EL ANTIGUO CÓDIGO DE DEONTOLOGÍA CATALANA Y SU RELACIÓN CON EL NUEVO CÓDIGO

Es curioso observar como después de que el TSJ anule el código de la abogacía catalana, por entender que la regulación de la profesión esta reservada a la ley, se han puesto manos a la obra por entender que el art 125 del Estatut d´autonomia de 2006,al atribuir las competencias en materia de colegios profesionales legitimará el proyecto del CICAC, que ya ha sido aprobado por todas las juntas de los ICAS aunque no aun no se ha sometido a información pública, ni tenemos noticias de cuando se someterá a tal trámite por parte de los ICAS.

Por otra parte si el antiguo código deontológico fue anulado por excederse de dictar normas deontológicas, no será un exceso que hasta podría resultar inconstitucional determinar que la lengua catalana es la lenguade uso vehicular preferente, no atenta eso contra los derechos lingüísticos de todos los colegiados? ¿Es establecer una lengua como lengua preferentede uso en el ejercicio de una profesión una norma deontológica? estas y otras muchas cuestiones nos son desconocidas, ya que los colegiados no tenemos acceso a la norma aprobada por las juntas de los ICAS según informaciones de la premsa que no se han puesto en nuestro conocimiento ¿ A que espera el CICAC para informarnos?.

El TSJC anula el código de la abogacía catalana por exceder sus competencias

EL TSJC Anula el código deontológico de la abogacía catalana por execeder sus competencias (La Vanguardia )

TSJ Cataluña Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 5ª, S 25-11-2005, nº885/2005, rec.1790/2002. Pte: Ortiz Blasco, Joaquín RESUMEN Ha lugar al recurso contencioso y se anula la inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalidad de Cataluña, del Código de la Abogacía Catalana . Poe entender que se excede de dictar normas deontológicas.

TEXTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA:

ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- La representación de la parte actora, por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala, interpuso recurso contencioso administrativo contra la Resolución JUS/2588/2002, de 10 de septiembre, por la cual, habiéndose comprobado previamente la adecuación a la legalidad, se inscribe en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalidad de Cataluña el Código de la Abogacía Catalana . SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto en la Ley reguladora de esta Jurisdicción. La actora dedujo demanda en la que tras relacionar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba aplicables, terminaba suplicando que se dictara sentencia estimando la demanda en los términos que se contienen en el suplico de la misma. TERCERO.- La Administración demandada en la contestación a la demanda solicitó la desestimación del recurso contencioso-administrativo. CUARTO.- En la sustanciación de este de este pleito se han observado las prescripciones legales. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- En el presente proceso se impugna la Resolución JUS/2588/2002, de 10 de septiembre, por la cual, habiéndose comprobado previamente la adecuación a la legalidad, se inscribe en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalidad de Cataluña el Código de la Abogacía Catalana . SEGUNDO.- Este Tribunal en la reciente sentencia de 16 de noviembre de 2005 (recurso núm. 1768/2002, y acumulados 1782/2002, 1786/2002 y 1789/2002 ) EDJ2005/197357 , ha resuelto diversas impugnaciones formuladas contra la Resolución que es objeto del presente recurso contencioso-administrativo, en la que se examinan cuestiones que son previas a la de fondo aquí suscitada, circunscrita al artículo 5 del Código de la Abogacía Catalana . Es por todo ello que, en aras del principio de unidad de doctrina, y no existiendo nuevas circunstancias que modifiquen los razonamientos que se contienen en aquella sentencia, procede transcribir los aspectos más relevantes de general aplicación. "TERCERO.- Así, pues, procede atender a las alegaciones de las partes siguiendo un orden lógico, es decir, comenzando por la referida a la impugnación de la totalidad del acto administrativo por el que se declara la adecuación a la legalidad del Código de la Abogacía Catalana , por falta de rango normativo o habilitación legal, alegación concurrente desde diferentes perspectivas en las cuatro demandas acumuladas en el presente litigio, bien por corresponder el ejercicio de tal competencia al legislador (así, "en la redacción del Codi se abordan cuestiones que no afectan sólo a los abogados, pues incide directamente sobre otros profesionales, así en lo que respecta a las sociedades profesionales. Entendemos que el Codi debe limitarse a regular aspectos de la profesión de abogado sin que pueda afectar a otras profesiones, máxime cuando el referido artículo 36 de la C.E EDL1978/3879 . efectúa reserva de ley para la regulación del ejercicio de profesiones tituladas") o, en todo caso, por corresponder la competencia al Ejecutivo (en tal sentido, "la forma en que ha - sido promulgado el "Codi", mediante una simple resolución homologadora de un previo acuerdo del Consell de Col.legis, cuando los propios servicios jurídicos de la Administración prepararon la publicación de un Decreto, priva al mismo incluso de la condición de norma general y por tanto, reglamentaria"), alegación recurrente desde diferentes perspectivas en todas las demandas ("se quiere dejar constancia desde el inicio que, tal como consta en el propio expediente administrativo, tanto en el informe jurídico de la Comisión Jurídica Asesora (Doc. n° 12 folios 555 a 569) como en el informe de la Asesoría Jurídica del Departament de Justicia (Doc. n° 9.6 folios 177 a 186) se refieren a la insuficiencia de rango normativo por el que resultó aprobado el Codi de l'Advocacia Catalana "), llegando las partes actoras a la conclusión de que el acto impugnado carece del necesario rango, que no le confiere su mera homologación por parte del Departament de Justicia de la Generalitat. Frente a lo anterior la Administración demandada y las partes codemandadas alegan que el artículo 16 de la Ley 13/1982, de 17 de diciembre, de Colegios Profesionales , aplicable en el presente caso, habilita a los Consejos de los Colegios Profesionales de Cataluña, en su apartado b), a "Recoger y elaborar las normas deontológicas comunes a la profesión respectiva", y en su apartado c), a "Aprobar sus propios estatutos." Asimismo, ponen de relieve el contenido del artículo 12 de la citada ley de Colegios Profesionales de Cataluña que contempla, en parte bastante, que "Los Colegios Profesionales y los Consejos de Colegios deberán comunicar al Departament de la Presidencia del Gobierno de la Generalitat: a) El texto de los estatutos y sus modificaciones para que, previa calificación de legalidad, sean inscritos y posteriormente publicados en el Diari Oficial de la Generalitat." Siendo ello así, vienen a concluir que el acto impugnado, la Resolución del Conseller de Justicia de la Generalitat, de fecha 10 de septiembre de 2002, resulta conforme a Derecho. Llegados a este punto, resulta pertinente significar y dejar constancia de que mediante la Resolución del Conseller de Justicia de la Generalitat, de fecha 6 de abril de 1984, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 437, de fecha 25 de mayo de 1984, se declaró la adecuación a la legalidad de los Estatuts del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya. CUARTO.- Situada en los términos expuestos la alegación controvertida, resulta pertinente poner de manifiesto que la función de ordenar la profesión que contempla la Ley de Colegios Profesionales de Cataluña, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución , solamente puede ser ejercida dentro de los límites marcados por las atribuciones otorgadas por dicha Ley y debe ser objeto de una interpretación estricta (entre otras, SSTS, de 29 de enero de 2004 EDJ2004/3996 y 11 de junio de 1992 ), dada la reserva legal existente sobre la materia. En tal sentido, la STS, de 17 de junio de 2005 EDJ2005/96702 razona que " debe partirse del tenor del art. 36 CE que establece: "La Ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas". Efectivamente como mencionan los actores, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 93/92 de 11 de junio EDJ1992/6177 , dice: "La función de ordenar la profesión que contempla la Ley de Colegios Profesionales, al socaire del art. 36 CE , solamente puede ser ejercida dentro de los límites marcados por las atribuciones otorgadas por la Ley, las cuales deben ser objeto de una interpretación estricta. La razón estriba en que, como indicamos en la STC 83/1984 , fundamento jurídico 3.4 EDJ1984/83 , las regulaciones que limitan la libertad de quienes desarrollan actividades profesionales y empresariales no dependen del arbitrio de las autoridades o corporaciones administrativas. Por un lado, el principio general de libertad que consagra la Constitución en sus arts. 1.1 y 10.1 autoriza a los ciudadanos a llevar a cabo todas aquellas actividades que la Ley no prohíba, o cuyo ejercicio no subordine a requisitos o condiciones determinadas. Y, por otro lado, el principio de legalidad que consagran los arts. 9.3 y 103.1 CE , y que alcanza de lleno a los Colegios Profesionales cuando ordenan el ejercicio de las profesiones tituladas (art. 36 CE ), impide a las Administraciones Públicas dictar normas sin una habilitación legal suficiente"." Aplicando la anterior doctrina al presente caso, la Sala constata que el acto administrativo impugnado en el presente litigio, que inscribe en el Registro correspondiente el Código de la Abogacía Catalana , no tiene en cuenta que la habilitación legal otorgada a la Administración corporativa por el artículo 12.a) de la Ley de Colegios Profesionales de Cataluña , se circunscribe a la aprobación de los estatutos, pero no a la regulación de las condiciones generales del ejercicio profesional contenida en el Código de la Abogacía Catalana , ni admite la autorregulación por parte de las propias Corporaciones más allá del ámbito legalmente contemplado, dada la estricta reserva legal existente sobre la materia a favor de los poderes públicos, todo ello en concordancia con la autonomía limitada, que no facultad exclusiva, de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios en el derecho continental europeo. La pretensión de regular en todos sus aspectos las condiciones generales del ejercicio profesional de la abogacía contenida en el mencionado Código se deduce de su propia denominación y de su contenido, precedentemente pormenorizado por capítulos, y excede en cualquier caso del concepto de normas deontológicas (como el mismo Código explícitamente reconoce en su exposición de motivos al contemplar que resulta "absolutament imprescindible reformar la regulació de l'exercici de l'advocacia" o que "el present Codi pretén impulsar una reforma dirigida a modernizar i unificar la regulació de l'exercici de l'advocacia a Catalunya"), constituyendo el indicado Código, como se viene exponiendo, una regulación de las condiciones generales del ejercicio profesional de la abogacía (por ejemplo, el acceso a la profesión y la pasantía) sobre las que, a tenor de lo contemplado en el artículo 4.2 de la Ley 13/1982 ("Corresponde a los colegios profesionales y a sus consejos informar todas las normas que prepare el gobierno de la Generalitat sobre las condiciones generales del ejercicio profesional y sobre las funciones, los ámbitos, los honorarios, cuando se fijen por tarifa o arancel, y el régimen de incompatibilidades de las diferentes profesiones"), tan sólo compete al Consell una labor de informar, al igual que a los Colegios, pero no de elaborar las mencionadas condiciones generales del ejercicio profesional, que en todo caso no admiten una autorregulación por parte de las propias Corporaciones más allá de las materias legalmente contempladas en un ámbito en que existe una estricta reserva legal. QUINTO.- Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración demandada y las partes codemandadas suscitan asimismo dos cuestiones conectadas con la anterior alegación, que por ello requieren ser abordadas, aunque no desvirtúen lo precedentemente sentado; en concreto alegan que la facultad del Consell deriva de la que corresponde a los Colegios y, en segundo lugar, la asimilación entre normas deontológicas y estatutos. SEXTO.- En cuanto a la alegación de que la facultad del Consell deriva de los Colegios (como explícitamente se contiene en la motivación de la Resolución impugnada al admitir que "en aquesta normativa no hi ha un precepte que atribueixi expressament als consells de col·legis catalans l'elaboració d'uns estatuts generals de la professió i que, tanmateix, aquesta facultat es pot extraure de les que corresponen a cada col·legi que el conformen i que poden cedir-les al Consell de Col· legis amb la finalitat de tenir un règim comú per a tots els professionals integrats en els col·legis catalans"), planteamiento que la contestación de la Administración demandada fundamenta en el artículo 11.3 de la citada Ley 13/1982 , procede declarar que tampoco resulta conforme a Derecho, pues dicho precepto contempla el contenido necesario de los estatutos de los colegios profesionales, que en todo caso no alcanza a regular las condiciones generales del ejercicio profesional, como por otra parte es lógico entender, pues de aceptarse dicho planteamiento se estaría reconociendo la capacidad originaria de todos y cada uno de los Colegios de Abogados de Cataluña para elaborar sus propias condiciones generales del ejercicio profesional de la abogacía , la que, evidentemente, no tienen. A mayor abundamiento, es regla básica del ordenamiento administrativo que las competencias se ejercen por los órganos que las tienen legalmente atribuidas y resultan irrenunciables a tenor de lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Adminsitraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que queda apreciar la existencia de avocación, dado que no concurren los supuestos legales. Lo anteriormente expuesto, que ni a los diferentes Col·legis d'Advocats ni al Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya corresponde la elaboración de las condiciones generales del ejercicio de la abogacía , sino el informe de las mismas, resulta palmario a tenor de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 13/1982 , SÉPTIMO.- En cuanto a la alegación de asimilación entre normas deontológicas y estatutos, debe señalarse que la Ley de Colegios Profesionales de Cataluña distingue entre aprobar sus propios estatutos (función atribuida al Consell por el artículo 16.c) y amparada por el artículo 12.a) de la Ley de Colegios ) de la actividad de recoger y elaborar las normas deontológicas comunes a la profesión (función atribuida al Consell por el artículo 16.b) de la Ley de Colegios). Por otra parte, es evidente que las normas deontológicas no se equiparan a las condiciones generales del ejercicio profesional de la abogacía , que es el objeto del Código cuestionado." Procede, a tenor de los anteriores razonamientos, y sin necesidad de examinar la cuestión de fondo suscitada en el escrito de demanda, estimar el presente recurso contencioso-administrativo, y anular la Resolución JUS/2588/2002, de 10 de septiembre, por la cual, habiéndose comprobado previamente la adecuación a la legalidad, se inscribe en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalidad de Cataluña el Código de la Abogacía Catalana , que también se anula. TERCERO.- No ha lugar a efectuar expreso pronunciamiento sobre las costas causadas, al no apreciarse temeridad ni mala fe en las partes, conforme dispone el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional. VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLO En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Quinta, ha decidido: 1º.- Estimar el presente recurso contencioso-administrativo y anular, por no ser conforme a derecho, la Resolución JUS/2588/2002, de 10 de septiembre, por la cual, habiéndose comprobado previamente la adecuación a la legalidad, se inscribe en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalidad de Cataluña el Código de la Abogacía Catalana , que también se anula. 2º.- No efectuar pronunciamiento impositivo de las costas procesales devengadas en la substanciación del presente recurso. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Notifíquese la presente sentencia a las partes en la forma prevenida por la Ley, llevándose testimonio de la misma a los autos principales. Publicación.- - Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Magistrado Ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.

LA RELACIÓN LABORAL DE CARACTER ESPECIAL DE LA ABOGACÍA

LA RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE LA ABOGACÍA Y SU RELACIÓN CON LA REFORMA DEL TURNO DE OFICIO.

¿Habrá sido la nueva relación especial de la abogacía uno de los motivos desencadenantes de la polémica y oculta reforma del turno de oficio?. En este apartado encontrareís reflexiones, comentarios, noticias y el RD que regula la relación laboral de carácter especial de la abogacía para que veais cúal es su conexión con la reforma del turno de oficio.

Reflexiones sobre la Conexión de la reforma del turno de oficio y la relación laboral de carácter especial.

“El Tsunami legislativo de la abogacía llega al Turno de Oficio”:

CONSIDERACIONES EN TORNO A LA RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE LA ABOGACIA Y EL TURNO DE OFICIO: UNA REGULACIÓN DISEÑADA A GUSTO DE LAS GRANDES FIRMAS Soplan nuevamente vientos de reforma del turno de oficio, ahora más fuerte que nunca. El RD 1331/2006, por el que se regula la relación laboral especial, en su Art. 2.F, excluye las actividades profesionales de los abogados contratados por despachos derivadas del turno de oficio, la citada norma es del siguiente tenor literal: “Las actividades profesionales que realicen los abogados contratados por un despacho derivadas del turno de oficio, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 10 de este Real Decreto.” Esta norma que en mi opinión, crea una relación laboral de carácter especial novedosa y muy polémica por la insatisfacción que ha dado lugar a opiniones discrepantes en la abogacía, puesto que algunos creen que no es necesario regular una relación que lejos de lo que argumenta la citada norma, no reviste la peculiaridad necesaria para entenderse especial. Y sin perder de vista la raíz que motiva la citada norma: La condonación de una deuda social derivada de unas actas de la inspección de trabajo levantadas a importantes firmas de abogados que dio origen a la disposición adicional primera de la Ley 22/2005 de 18 de Diciembre, que nada tiene que ver con el tema puesto que esta norma introduce en nuestro ordenamiento diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad, y del régimen de las sociedades matrices y filiales de sociedades de países miembros de la UE. Para aquellos que desconozcan la historia de la condonación de la deuda les recomiendo la lectura de de la DA 1.3 de la Ley 22/2005, que lo expresa del siguiente modo: “ No obstante lo anterior, se considerarán válidas a todos los efectos las cotizaciones que se hubieran realizado a la Seguridad Social por los referidos abogados con anterioridad a la fecha que se indica en el párrafo primero de este apartado”. Creo importante recordar una de las doctrinas más importantes en el ámbito social “Las cosas son lo que son y no lo que las partes quieran que sean” La técnica legislativa que utiliza el legislador es en este caso, de dudosa legalidad y podría incluso calificarse de fraude a la democracia y de incumplimiento de uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento: La jerarquía normativa. El real decreto legislativo 1/1995, de 24 de Marzo que aprueba el texto refundido del Estatuto de los trabajadores. Es un real decreto legislativo es una norma con rango de ley propia de los países con monarquía parlamentaria que emana del poder ejecutivo si bien por delegación expresa del poder legislativo. En el caso de la elaboración de textos refundidos, se favorece la compilación en un único cuerpo de normas dispersas y sería ilegal o nulo modificar el contenido de estas normas. En mi opinión no es legal introducir modificaciones a un Real Decreto legislativo que refunde textos legislativos. El Art. 1.del RD legislativo referido excluye de su aplicación las relaciones de carácter especial y en Art. 2. cita las distintas relaciones laborales de carácter especial, en concreto el apto i) establece que se considerará relación laboral de carácter especial cualquier otro trabajo que sea expresamente declarado por ley, sin perjuicio de que la regulación de los derechos básicos reconocidos en la constitución. Hay que tener en cuenta que se trata de normas de derecho mínimo necesario por tanto la regulación no puede establecer condiciones inferiores a la previstas en el texto refundido, cosa que no puede decirse dado el contenido de la misma, veáse el periodo de prueba, la duración contractual y otros tantos aspectos que regulan unas condiciones por debajo del derecho mínimo necesario. Lo que a mi juicio es realmente sorprendente es que después de haberse negado por activa y pasiva la existencia de una reforma del sistema actual del turno de oficio, aparezca un Art. 2.F antes mencionado. ¿Que significa actividades profesionales que realicen los Abogados contratados por despachos derivadas del turno de oficio?; como expresa literalmente la nota de prensa del ministerio de Justicia de fecha 17 de Noviembre de 2006: “c) Las actividades profesionales que realicen los abogados contratados por un despacho derivadas del turno de oficio.” Creo que el ejecutivo en cuanto legislador, debe dar explicaciones al colectivo de abogados del turno de oficio, sino existe reforma desde cuando se realizan actividades por parte de un despacho derivadas del turno de oficio, si este es un servicio personal e indelegable por parte del abogado de oficio, profesional liberal e independiente adscrito al servicio de defensa jurídica gratuita de su respectivo colegio de abogados?. En mi opinión esto no es más que un avance de la reforma del turno de oficio, puesto que se excluye de relación laboral al colectivo que en el futuro prestará el servicio para un despacho particular, obviamente esta norma esta enlazada con la propuesta del departamento de justicia de realizar un “concurso público” o “sistema mixto o consorcial”, que incluso se ha molestado en hacer compatible la dedicación exclusiva con las actividades derivadas del turno de oficio. Todo esta muy bien trazado primero Ley de acceso al ejercicio de la profesión, después Relación laboral especial, que será lo próximo Reforma del turno de oficio?, Invoco a D. Carlos Carnicer y hago mías sus palabras “la Independencia de la abogacía no entra en concurso” luchemos por ella!.

Una aproximación crítica al ámbito subjetivo de la futura relación laboral especial de los abogados

Nota del CGAE sobre la regulación laboral de carácter especial de la Abogacía

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Los abogados debaten: ¿relación laboral o mercantil?

Aprobada la relación laboral especial de los abogados

España: los bufetes medianos están preocupados por la nueva relación laboral del abogado

Caldera amnistía a los grandes bufetes y les hace un ‘traje a medida’ para contratar y despedir a sus abogados

Martí Mingarro amnistía a los grandes despachos

Sindicatos y bufetes recelan de la regulación de los abogados

Los sindicatos impugnan el decreto de relación laboral de los abogados